El que, a principios de diciembre del año pasado, provocó el cierre del espacio aéreo español y un caos en los aeropuertos.
Cuando nos posicionamos a favor de ellos no fue por su (bajo nuestro punto de vista) corporativismo y pertenencia a la aristocracia obrera, fue porque, objetivamente, les estaban modificando sus condiciones laborales a base de decretos.
Y, para colmo, les obligaron a trabajar a punta de pistola según denunciaron. Eso sentaba un peligroso precedente para otros colectivos.
Pues bien, Luis Vericat, abogado que representa a unos ocho mil afectados por aquel paro, ha indicado que reclamarán que indemnicen a los damnificados con 10.000 euros. Y no se ha quedado ahí porque a continuación, realizó toda una declaración de intenciones, a saber: "A partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan pisotear los derechos de los ciudadanos no les va a salir gratis” (sic)
Esa “no gratuidad” puede ir desde pagar multas inalcanzables para el bolsillo o, incluso, penas de prisión. Una advertencia para, por ejemplo, los trabajadores de la limpieza, de los astilleros o de otros gremios, que pretendan cortar una carretera o un puente, exigiendo que cesen los abusos de la patronal.
Los ciudadanos que entonces, empujados por una gigantesca campaña mediática, se cebaron con los controladores pueden ser, cualquier día, los siguientes de la lista.
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